El impacto global producido por el virus SARS-CoV-2 ha sido difuso ya que afectó la economía, la sociedad, el ambiente y hasta la política de los países. Las cuarentenas fueron una de las principales herramientas de los países para contener la transmisibilidad del virus y disminuir los contagios. Esta medida produjo impactos casi inmediatos en la economía con algunos hitos históricos, como la mayor caída en el precio del petróleo. Al mismo tiempo se estima que, durante el 2020, entre 70 y 100 millones de personas quedaron expuestas a la extrema pobreza.
Por estos motivos, desde las Naciones Unidas se propuso que todas las medidas de mitigación del virus incluyeran un paquete de políticas socioeconómicas para aliviar los efectos negativos de índole económico. En este sentido, el concepto de transición justa adquiere gran relevancia para hacer frente a las dificultades en términos de coordinación y para una recuperación pospandémica sostenible e inclusiva basada en la agenda de trabajo decente y en la idea de “reconstruir mejor” (Build Back Better). Esta instancia de recuperación
debe ser planteada con una dimensión social ya que la brecha socioeconómica presente, principalmente en los países más pobres, expone limitaciones para el teletrabajo y el sistema educacional, entre otros factores.
La COVID-19 alcanzó a nuestro país luego de 64 días del primer caso reportado en China, determinándose el 20 de marzo del 2020 el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). En este contexto, la Argentina ha presentado la segunda mayor caída económica de la región luego de Venezuela, produciendo nuevas dificultades sociales en términos económicos y aumentando las desigualdades
preexistentes, a pesar del notable esfuerzo y consecuentes políticas implementadas por el Estado nacional.
Al respecto, el gobierno argentino en pos de mitigar la propagación del virus aumentó la asistencia social, prorrogó los vencimientos impositivos y subsidió programas crediticios como parte de sus principales iniciativas. Las primeras estimaciones realizadas arrojaron que al mes de junio de 2020 cerca del 89 por ciento de
la población vivía en un hogar donde al menos una persona percibía un ingreso proveniente del Estado. Sin embargo este paquete de medidas generó un impacto en las cuentas públicas, aumentando el déficit fiscal, y tampoco logró frenar la pobreza durante el segundo trimestre del 2020, que ascendió al 47,8 por ciento.
