El Pacto Mundial sobre Refugiados, adoptado en el marco de las Naciones Unidas en diciembre de 2018, y la Declaración sobre Migración y Protección de Los Ángeles, adoptada en junio de 2022, destacan la importancia de promover la integración económica y social local de las personas refugiadas y otras personas desplazadas forzosamente, así como la necesidad de los Estados de responder a las situaciones de desplazamiento forzado desde un enfoque de responsabilidad compartida. Asimismo, la aplicación del principio de la responsabilidad compartida requiere, entre otros, que los países de renta baja y media reciban mayor apoyo financiero y técnico de la comunidad internacional para lograr una integración local satisfactoria que tenga en cuenta las necesidades de los refugiados y otras personas desplazadas forzosamente, así como de las comunidades de acogida.
En el marco de la conmemoración de los 40 años de la Declaración de Cartagena, en 2024 los países de América Latina y el Caribe están desarrollando una hoja de ruta para fortalecer, durante la próxima década, la respuesta a los movimientos de personas desplazadas por la fuerza en países de origen, tránsito y destino. Las consultas, conducidas por Chile con el apoyo de ACNUR a lo largo del año, abordan varios temas, entre ellos la inclusión. En este contexto, la OIT propone una serie de reflexiones y recomendaciones.
